Ponte las Gafas Moradas
Blog periodístico de la mano de Leire Guenaga, Nagore Tormes, Sara Prieto y Silvia Maidagan
El portavoz del Sindicato Valenciano de Trabajadores, apuñalado ante la Cámara de Comercio de Valencia
El agresor fue uno de los manifestantes que estaban reunidos frente al edificio al que el líder se dirigía
Silvia Maidagan y Sara Prieto
Santiago Camps Sierra de 59 años y portavoz del Sindicato Valenciano de Trabajadores (SVT), fue apuñalado antes de la reunion de la mañana de ayer con el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Valencia. El autor del suceso, Jose Sánchez, ha sido uno de los manifestantes que se encontraban en la entrada de la Cámara de Comercio de la ciudad. Santiago Camps ha sido trasladado al Hospital central de Valencia y su estado es grave.
El portavoz se dirigía a la reunión con el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Valencia (AAGV) en la cámara de comercio alrededor de las 10 de la mañana. En la entrada le esperaba una manifestación por parte de un grupo favorable al racismo que esperaban con piedras. Aunque el teniente de la guardia civil le ofreció un cordón policial para acompañarle hasta la puerta , esté lo rechazó. Camps fue acuchillado por uno de los manifestantes cuando intentaba dirigirse a la entrada de la Cámara de Comercio.
El autor del suceso, José Sánchez, miembro de una hermandad racista, fue identificado por la policía durante la protesta de esa misma mañana. Unas horas después los agentes lo detuvieron en su domicilio particular tras encontrar el arma en un contenedor cercano a su vivienda.
El líder sindical iba a conversar con el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Valencia debido al despido injustificado de dos trabajadores marroquíes. Camps amenazó con repetir una huelga que organizó en 2016. Santiago Camps fue el cabecilla de una huelga indefinida en el sector, debido a la desigualdad de trato que existía entre los trabajadores marroquíes y los españoles en las fincas de Valencia. La inactividad duró 27 días y el gobierno se vio obligado a contratar a 500 inspectores para comprobar si se respetaban las Leyes de Igualdad de Derechos del Trabajador.